Si la democracia es, más allá del método, el espacio de construcción cotidiana de las relaciones, dinámicas y vínculos que dan forma al Estado; y, éste es producto de un proceso histórico de construcción, deconstrucción, transformación y consolidación, cobra sentido la afirmación de Camus: “todas las revoluciones modernas han concluido en un reforzamiento del Estado”.
Reforzar el Estado es un proceso necesario, no obstante no suficiente, pues, desde la perspectiva de la paradoja del poder que plantea la lectura de la dialéctica Lenin –Gramsci, tomar el poder es tomar el monopolio de lo colectivo, de la estructura de procedimientos y relaciones, de la estructura de las condiciones y las posibilidades, pero sin un proceso asertivo de construcción de poder ciudadano e irradiación de ese poder en todas las esferas de la sociedad, deviene, de manera inevitable, en una reconcentración y sucesión hegemónica de las élites en el uso del poder político.
La nueva dinámica de una democracia amplia, plural y participativa, que fomente el ejercicio de los derechos de participación individuales y colectivos en su más amplia acepción requiere entonces de dos momentos paralelos y complementarios: en el primero, levantando una estructura o plataforma normativa e institucional que juegue la suerte de agente garante de los derechos de participación, es decir, levantar el contenedor del proyecto; y, en el segundo eje, la construcción del capital político y social requerido para generar un nuevo contenido que de sentido al contenedor (capital en términos de Bourdieu, sin reducirlo a su significación económica, sino a todo el conjunto de propiedades y campos en que los individuos, agentes y colectivos construyen los habitus de la lucha por el poder).
La estructura normativa e institucional establece el terreno de desarrollo para las iniciativas de participación, tanto en términos de incidencia en la definición de las políticas públicas, cuanto en la dimensión del seguimiento a su implementación y, finalmente en la evaluación de los resultados obtenidos.
La Constitución de Montecristi y las leyes conexas constituyen una plataforma para el ejercicio de los derechos de participación ciudadana y contraloría social, pero demandan de procesos de formación, información y desarrollo de nuevas capacidades críticas que fomenten nuestra propia capacidad de apropiación, empoderamiento y corresponsabilidad, es decir la apuesta acumulativa de un capital social y político que provoque una revolución en la matriz de relaciones políticas Sociedad-Estado.
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