Desde esta perspectiva el poder no es fin de lucha, sino herramienta de construcción que se distribuye e irradia y, a partir de estos mecanismos y procedimientos, se fomenta el involucramiento del ciudadano en el ciclo de definición, planificación, gestión, ejecución y evaluación de lo público.
¿Cómo ejercerlo? ¿Cómo hacerlo efectivo? ¿Cómo superar la entelequia y alcanzar el ejercicio tangible de los derechos de participación ciudadana? ¿De qué se trata y cuál es el alcance de la participación ciudadana? ¿Puede la ciudadanía organizada hacer efectivos los derechos e incidir sobre la gestión pública?
Decisiones colectivas, gestión compartida, escrutinio público, no son espacios ajenos a las prácticas ancestrales de los pueblos andinos, no nacen en Montecristi, cuyo aporte fundamental es incorporarlos en el breviario político y plataforma normativa de los mecanismos y herramientas para el ejercicio de la participación ciudadana y el control social.
El verdadero desafío es devolverle el sentido a la organización de base, desde lo barrial hacia lo parroquial, cantonal, provincial y nacional; levantar, fortalecer y legitimar los espacios de encuentro y diálogo desde los cuales se ejerzan los derechos de participación, tanto para incidir en la definición de la política, construir propuestas normativas, así como hacer seguimiento de la gestión pública y, finalmente, evaluar los resultados y la transparencia en su consecución.
Así, de los consejos (barriales o sectoriales) hacia los comités de usuarios, juntas promejoras y otros espacios de encuentro, dialogo y deliberación caminamos hacia las asambleas que determinan y definen el uso de los mecanismos y protocolos de participación que permiten el involucramiento, incidencia, gestión y evaluación ciudadana de la cosa pública, con el objetivo de alcanzar eficiencia, calidad y transparencia en su gestión. La dialéctica actual nos enfrenta con la necesidad de armonizar la nueva estructura democrática con una supraestructura que demanda una construcción ideológica y cultural que revolucione la matriz de relaciones políticas sociedad – Estado.
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