La educación es, constitucionalmente, un derecho universal y gratuito, el Estado está en la obligación de garantizar a cada ecuatoriana y ecuatoriano el libre acceso a un sistema de educación público gratuito y de calidad.
A pocos días de inaugurar el año lectivo, en medio del corre-corre de las matrículas, los uniformes, chequeos médicos, útiles escolares y un largo etc., quiero compartir un conjunto de reflexiones, a riesgo de que en nombre de la libertad de expresión algún “demócrata” no dude en lanzarme una cadena de epítetos peyorativos y descalificativos, pues, tristemente enarbolamos el derecho a la libertad de expresión para insultar, desacreditar e inclusive, y con frecuencia, injuriar el pecado de pensar diferente.
Indiscutiblemente la educación enfrenta hoy problemas en términos de calidad y cobertura, indiscutiblemente aun no logramos, en términos globales de sociedad, un sistema de educación pública que cumpla la premisa constitucional y largo es el camino por andar, pero igualmente indiscutibles son los pasos dados y avances logrados, lo que nos motiva a plantear algunas reflexiones que considero necesarias y pertinentes.
En una primera reflexión, en términos de cobertura, en un rápido ejercicio de memoria, recordemos como creció la demanda por servicios de educación primaria y secundaria, ¿cuántas unidades educativas (primarias y secundarias) se construyeron en la ciudad entre 1990 y 2006?, ¿cuántas de ellas fueron producto de inversión privada?, ¿cuántas de ellas producto de inversión pública? y ¿cuántas se están construyendo en los últimos 10 años?
Una segunda reflexión, en términos de calidad y constancia, cuando los paros y las huelgas marcaban el paso del año lectivo, profesores mal remunerados y con recurrentes retrasos en sus pagos se veían obligados a parar el servicio para ser escuchados por gobiernos que priorizaban la deuda externa sobre la deuda social.
El escenario hoy es otro: sueldos y jubilaciones dignas, pagos puntuales, mejoramiento de infraestructura y equipamientos, capacitación y paulatina profesionalización de la planta docente nacional, unificación de jornada laboral a 40 horas semanales, 8 diarias, con el objetivo de fomentar la investigación y preparación en la docencia, la plataforma de servicios públicos de educación pretende un nuevo ordenamiento, inclusive territorial y lejos de las largas huelgas y paros, de la insuficiencia de cupos, de los elevados costos de las matrículas y otras contribuciones, nuestro gran problema es sujetarnos a la disciplina de la “correspondencia al derecho”, renunciando a la idea de la tradición familiar de educar a nuestros hijos en la misma institución que nosotros, entendiendo que el servicio se presta en función de una plataforma territorial ordenada.
http://www.eltiempo.com.ec/noticias-opinion/12765-a-propa-sito-del-inicio-de-las-clases/
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