La Constitución de la República y su estructura normativa conexa a la participación, garantizan el derecho, individual y colectivo, al ejercicio del control social como herramienta dinámica de evaluación e incidencia ciudadana sobre la política pública; no obstante, la subsistencia del viejo Estado, al interior de las nuevas estructuras aún representan un riesgo de ejercicio discursivo retórico que no permita la consolidación del nuevo proyecto social definido en Montecristi.
Quiero plantear esta reflexión tomando, como caso concreto, el sistema de rehabilitación social, indudablemente estaremos de acuerdo en reconocer los significativos avances normativos y de infraestructura, así como el profundo cambio conceptual que denomina persona privada de libertad en lugar de reo, preso o recluso, mismo que se expresa en un nuevo modelo de gestión basado en políticas y protocolos de rehabilitación y reinserción social.
Pero, más allá de los avances, tenemos el derecho ciudadano a evaluar los procedimientos y sus resultados, a involucrarnos y numerar aciertos, así como también a señalar los errores y proponer correctivos, tenemos derecho a ejercer mecanismos de control social sobre el nuevo sistema; y, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, al tenor de la plataforma legal vigente, la obligación de reconocerlos y prestar todas las facilidades para su normal desarrollo.
En noviembre del año anterior el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social acredito una veeduría ciudadana que pretendía “Vigilar los procedimientos del Sistema de Rehabilitación Social en el Centro de Rehabilitación Social Regional Turi”, iniciativa que ha sido largamente ignorada por el Ministerio; y, que merece una acción de rechazo y censura ciudadana, pues constituye un símbolo retórico de una discursividad elocuente que no se corresponde con la cotidiana práctica.
Decía Martí que la “única forma de decirlo es hacerlo”, es decir que el discurso, más allá de la retórica, debe ser práctica cotidiana; y, el Ministerio, en consonancia del proyecto Constitucional debe volver sobre sus pasos y en acto de disculpa sincera abrir las puertas para que la ciudadanía pueda evaluar de manera crítica y propositiva, reconociendo los avances pero también señalando los errores, proponiendo y exigiendo correctivos.
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